The applicability of the abbreviated procedure; challenges and proposals to avoid the violation of rights or that it becomes an advantage for criminals
DOI:
https://doi.org/10.70577/asce.v5i3.1080Keywords:
Abbreviated procedure, fundamental rights, constitutional guarantees, principle against self-incrimination, criminal policies, sentence negotiation, Ecuador.Abstract
The abbreviated procedure in the Ecuadorian criminal justice system is a tool aimed at reducing time, costs, and judicial congestion, but it also raises significant tensions regarding due process guarantees. Its regulation, established in Articles 635 to 639 of the Comprehensive Organic Criminal Code, allows its application when the accused person accepts the procedure and admits the alleged act, provided that their consent is free, voluntary, and informed, with proper legal assistance from their defense attorney. This requirement seeks to legitimize sentence negotiation; however, it may create risks concerning the principle against self-incrimination, the presumption of innocence, and the right to an adequate defense. Although this mechanism has contributed to resolving cases more quickly, it should not become a means to replace thorough investigation or the search for procedural truth. Judicial efficiency cannot be measured only by the number of resolved cases, but by the quality of decisions and respect for fundamental rights. Therefore, it is necessary to define more precisely the cases and conditions for its application, preventing abuses, inadequate legal advice, and decisions that affect the legitimacy of criminal justice in Ecuador, within a constitutional State of rights and justice.
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