La aplicabilidad del procedimiento abreviado; desafíos y propuestas para evitar la vulneración de derechos o que sea una ventaja para delincuentes

Resumen

El procedimiento abreviado en el sistema penal ecuatoriano constituye una herramienta orientada a reducir tiempos, costos y congestión judicial, pero también plantea tensiones relevantes con las garantías del debido proceso. Su regulación, prevista en los artículos 635 al 639 del Código Orgánico Integral Penal, permite su aplicación cuando la persona procesada acepta el procedimiento y admite el hecho atribuido, siempre que su consentimiento sea libre, voluntario e informado, con asistencia técnica de su defensor. Esta exigencia busca legitimar la negociación de la pena; sin embargo, puede generar riesgos frente al principio de no autoincriminación, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Aunque este mecanismo ha contribuido a cerrar causas con mayor rapidez, no debe convertirse en una vía para sustituir la investigación exhaustiva ni la búsqueda de la verdad procesal. La eficacia judicial no puede medirse solo por la cantidad de casos resueltos, sino por la calidad de las decisiones y el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, resulta necesario delimitar con mayor precisión los casos y condiciones de aplicación, evitando abusos, malas asesorías y decisiones que afecten la legitimidad de la justicia penal en Ecuador, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia.