La notificación fehaciente y el principio pro actione en el rol del ciudadano para probar la eficacia del silencio administrativo en Ecuador.
DOI:
https://doi.org/10.70577/asce.v5i4.1122Palabras clave:
Silencio administrativo; Fraccionamiento rural; Seguridad jurídica; Autotutela administrativa.Resumen
El presente estudio analiza la configuración jurídica del silencio administrativo presunto positivo y su articulación con los principios de seguridad jurídica y legalidad dentro del derecho administrativo ecuatoriano. A partir de la revisión normativa del Código Orgánico Administrativo y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se examinan las tensiones suscitadas en la tramitación de solicitudes relativas al fraccionamiento de predios rurales. La investigación aborda los requisitos sustanciales y formales indispensables para la ejecutoriedad de los actos administrativos presuntos, determinando los límites de la potestad de autotutela de la administración frente a la inobservancia de los plazos legales para resolver. Asimismo, mediante la evaluación de criterios jurisprudenciales, se profundiza en la exigencia de regularidad de los actos presuntos para evitar la consolidación de situaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Los resultados evidencian la necesidad de conciliar la protección de los derechos de los administrados con el estricto cumplimiento de los presupuestos materiales exigidos por la ley, garantizando un equilibrio efectivo entre la eficacia de la tutela administrativa y la salvaguarda del interés público.
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