The impact of the principles of adversariality, immediacy, and party disposition on the admission and taking of evidence in the ecuadorian civil procedure
DOI:
https://doi.org/10.70577/asce.v5i3.1074Keywords:
judicial procedure; administration of justice; legal principles; evidence; right to defense.Abstract
Ecuadorian civil procedure presented deficiencies in the application of the principles of adversarial proceedings, immediacy, and party disposition during the stages of evidentiary admission and taking within the framework of the Organic General Code of Processes, a problem evidenced by the limitations of telematics oral litigation that affected the direct sensory perception of the judge and the control of procedural loyalty. Faced with this reality, the objective of the study consisted of analyzing the articulation of this triad of principles for the configuration of a properly structured evidentiary system, grounded in public hearings, active judicial presence, and effective participation of procedural subjects. It was maintained that the harmonious interaction of these principles not only guaranteed procedural equality and the right to defense, but also enabled a comprehensive, reasoned, and well-founded evaluation of evidence—essential elements for the realization of the right of access to justice. A qualitative methodology of descriptive and explanatory scope was applied, grounded in a systematic literature review design under the interpretative-hermeneutic paradigm; the final processed sample included an exact number of 31 documentary sources selected through inclusion and exclusion criteria in the Scopus, SciELO, Latindex, Redalyc, EBSCO, and Google Scholar databases. The results showed that the principle of adversarial proceedings guaranteed bilateral debate from the initial pleadings, immediacy constituted the epistemological foundation for rational evaluation against the risks of virtuality, and the principle of party disposition defined the evidentiary burden of the litigants under the technical direction of the judge. The study concluded that the harmonious articulation of this triad of principles represented an essential
pillar to ensure procedural equality, due process, and the proper administration of justice in the constitutional state of rights.
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